El TJUE amplía el plazo para reclamar hasta 2026.

El 4 de septiembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia clave que reaviva las posibilidades de reclamación para miles de propietarios de vehículos afectados por el llamado “cártel de coches” en España.

Contexto y antecedentes

• En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con 171 millones de euros a 21 fabricantes y distribuidores de automóviles por prácticas anticompetitivas entre 2006 y 2013, cuando se detectó que intercambiaban información sensible para coordinar precios y condiciones comerciales. 

• Estas prácticas habrían provocado que los consumidores pagaran más por sus vehículos, estimándose sobrecostes del 5 % al 13 % del precio de compra, según diversas fuentes. 

• Las empresas sancionadas impugnaron las decisiones de la CNMC ante la Audiencia Nacional y, finalmente, ante el Tribunal Supremo, que en 2021 ratificó la mayoría de esas sanciones en numerosas sentencias.

  
  

Hasta ahora, uno de los puntos más controvertidos ha sido determinar cuándo empieza a contar el plazo de prescripción para que los afectados reclamen indemnización por los daños sufridos.

Lo que dice la sentencia del TJUE

La decisión del TJUE fija criterios que tienen efectos prácticos muy relevantes:

1. El plazo de prescripción no arranca en 2015, cuando la CNMC publicó su resolución (que muchas empresas habían recurrido). En su lugar, comienza cuando la resolución administrativa se vuelve firme, es decir, cuando ya no admite más recursos y ha sido confirmada por los tribunales nacionales. 

2. En el caso más mediático analizado —Nissan— el TJUE señala que el plazo comenzó a correr el 7 de junio de 2021, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia firme confirmando la implicación de la marca. 

3. A partir de esa fecha, los afectados tienen cinco años para reclamar, lo que sitúa el nuevo límite general en 2026.

4. El TJUE también aclara que basta con que el afectado envíe una comunicación al fabricante para interrumpir el plazo de prescripción, lo que reinicia el conteo. 

5. La sentencia indica que corresponde al juez nacional determinar en cada caso cuándo la persona perjudicada tuvo conocimiento de todos los elementos necesarios para reclamar, pero siempre sin que el plazo pueda empezar antes de que la resolución sea firme. 

   
   

   

Implicaciones prácticas

• Muchos tribunales españoles habían rechazado demandas porque daban por hecho que el plazo comenzó en 2015 y que, por tanto, muchas reclamaciones ya estaban prescritas. Esa interpretación queda descartada por el TJUE.

• Para cada fabricante, la fecha de inicio del cómputo puede variar según cuándo se dictaron las sentencias firmes del Tribunal Supremo. Por tanto, algunos casos podrían tener plazos incluso posteriores a 2026, si la firmeza se alcanzó más adelante. 

• Se estima que entre 2006 y 2013 podrían haber sido afectados hasta 9 millones de compradores en España.

• A pesar de ello, hasta ahora solo un pequeño porcentaje (entre 5 % y 10 %) de los afectados habría iniciado acciones de reclamación. 

• Las indemnizaciones solicitadas oscilan, en muchos casos, entre un 5 % y 15 % del precio pagado, más los intereses legales desde la compra. 

• La sentencia fortalece la posición de despachos como Allura y Peimondt, que tenían demandas paralizadas, pues confirma que esas acciones no estaban prescritas y deben seguir adelante. 

  
  

¿Qué pueden hacer los afectados?

Para quienes compraron un vehículo entre 2006 y 2013 y creen que su precio pudo verse alterado por este cártel, los pasos sugeridos son:

1. Reunir documentación: contrato de compra, factura, datos del coche, etc.

2. Verificar si la marca está implicada.

3. Contactar con un abogado especializado en derecho de la competencia para analizar el caso concreto y estimar el posible daño.

4. Actuar antes de que venza el plazo de reclamación aplicable a tu marca concreta (2026 en muchos casos).

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